Genocidio civil de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en la República Dominicana

En octubre de 1937, entre cinco mil y quince mil haitianos y negros
dominicanos murieron asesinados bajo los machetes racistas del dictador
Rafael Leónidas Trujillo Molina. Las investigaciones señalan que el tirano
quería tener pleno control de la frontera, en la que veía el peligro de la
insurgencia, pero también de toda una actividad económica que no lograba
dominar. Además, a partir de estos hechos, Trujillo empezó a ser exaltado
por la élite racista y antihaitiana de Santo Domingo como el “defensor de
la patria”, consolidando su hegemonía. El miedo a la violencia ejercida se
volvió verdad incuestionable a lo largo y ancho del país, pues sin la masacre
de 1937 Trujillo no hubiese acumulado poder de una manera tan rápida
ni drástica.

Como si los años borraran la memoria y el pasado se hubiese olvidado,
se repite ahora la misma historia, aunque esta vez sin sangre ni machetes.
Se produce un genocidio civil de personas que nacieron en el país, cuyos
padres son migrantes haitianos, dejándolas sin huellas en la historia civil, sin
ningún tipo de registro de validez jurídica que invoque tanto la ascendencia como la nacionalidad.

Nací en un batey de San Pedro de Macorís, soy la
sexta de diez hermanos y hermanas. Mis padres son haitianos, llegaron por
separado desde Haití a República Dominicana a finales de la década de
1960. Se conocieron en los bateyes de San Pedro de Macorís. Los mejores
años de la vida de mis padres pasaron en los cañaverales del Consejo Estatal
del Azúcar (CEA), mi padre apenas tenía unos diecinueve
años y mi madre dieciséis. Mi padre trabajaba para el CEA y cotizaba en la seguridad social, mi madre trabajaba vendiendo ropa de segunda mano a los obreros de los
cañaverales en los bateyes aledaños.

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